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El 9 de octubre, el director del programa de Venezuela, Geoff Ramsey, fue entrevistado por Prodavinci y enfatizó la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos en cualquier futuro proceso de negociación en Venezuela con apoyo internacional. Tambien habló de la aparente estrategia de Washington para incentivar avances en ese sentido. Las primeras preguntas y respuestas de Ramsey se encuentran a continuación. Puede leer la entrevista completa aquí.
¿Cuál es la percepción que tienen en Washington sobre la situación actual del proceso venezolano, del clima en general, digámoslo así?
Hay que empezar el análisis sobre la coyuntura actual en Venezuela haciendo una mención al reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. En ese informe se documentan los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido, así como las graves violaciones a los Derechos Humanos, en el contexto de la represión estatal. Ellos son muy claros en destacar que el gobierno de Maduro no ha cooperado con las recomendaciones que hizo Michelle Bachelet en su gestión como alta comisionada de la ONU. Todavía estamos muy lejos de ver reformas e investigaciones genuinas que podrían garantizar la reinstitucionalización judicial del país. Es decir, Venezuela, al día de hoy, es un Estado cuyas instituciones están completamente cooptadas por el poder Ejecutivo. En ese contexto, creo que la comunidad internacional tiene una oportunidad de seguir impulsando soluciones políticas que podrían reestablecer el Estado de derecho, el acceso a la justicia de las víctimas y ampliar el espacio democrático en Venezuela.
Creo que es el informe más grave que se ha publicado sobre Venezuela, el que ha profundizado y documentado, rigurosamente, las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido. Y la pregunta es: ¿Realmente los Estados Unidos están comprometidos con la defensa de los Derechos Humano? ¿Qué diría alrededor de esta duda?
No veo a la administración Biden abandonando sus esfuerzos por buscar una solución democrática a la crisis. La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos no va a normalizar las relaciones con el gobierno de Maduro sin que se despeje el camino para que se celebren elecciones libres y se apliquen reformas genuinas en el sistema de justicia. El informe de Naciones Unidas contiene una serie de recomendaciones para poner fin a la impunidad generalizada. Se incluyen, además, cambios significativos que permitan una verdadera investigación y persecución de estos crímenes. En el memorándum de entendimiento firmado en 2021 –entre el gobierno de Maduro y la oposición, en México- las partes se comprometieron a hablar del Estado de derecho y la reparación a las víctimas. No veo como contradictorio apoyar al mismo tiempo un proceso de negociación como lo está haciendo los Estados Unidos.
Lo que planteé fue una duda, no una contradicción. Son dos cosas distintas, ¿verdad? ¿No cree que el gobierno del señor Maduro ha traspasado unas líneas de las cuáles ya no hay retorno?
El informe presenta evidencias claras que señalan a los responsables, desde los niveles más altos de la cadena de mando hasta los funcionarios involucrados. Sin justicia y reparación a las víctimas de violaciones y crímenes a los Derechos Humanos, no puede haber una solución política a la crisis en Venezuela. Y con esto no quiero decir que una transición sea imposible. Hemos visto muchos casos, en otros países de Suramérica, en los que ha habido transiciones hacia la democracia. Por eso hay una necesidad de canalizar la presión hacia soluciones realistas y duraderas. Uno de los errores de la administración de Trump fue insistir en la “máxima presión” como un objetivo en sí mismo, sin ofrecer incentivos claros para Maduro y su entorno. Se insistió en una hipótesis de que la “máxima presión” iba a generar cierto tipo de quiebre y una transición automática, pero eso no ocurrió.
