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(Fernando Llano/Foto AP)
El 26 de noviembre se reiniciaron las negociaciones formales entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora de la Plataforma Unitaria. Como organizaciones de derechos humanos de todo el hemisferio celebramos el reinicio formal de este proceso con un compromiso para abordar la emergencia humanitaria luego de meses de interlocución informal. Al mismo tiempo instamos a las partes y a la comunidad internacional a que prioricen acuerdos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en este proceso de negociación.
Aplaudimos el anuncio de un acuerdo para atender a elementos de la crisis social derivados de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela utilizando 3.000 millones de dólares que habían sido previamente congelados por las sanciones financieras de Estados Unidos, priorizando en esta fase inicial las necesidades de atención médica, desnutrición, educación e infraestructura en Venezuela, igual que la flexibilización de algunas sanciones sectoriales. Sin embargo, es fundamental que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas, para asegurar que su implementación atienda las necesidades de millones de venezolanos que necesitan asistencia. Dada la existencia de corrupción generalizada en Venezuela, instamos a las partes, así como a los gobiernos de la comunidad internacional, a garantizar que no haya un uso indebido de estos fondos.
Además, enfatizamos que ninguna solución sostenible y sustantiva a la crisis es posible sin el cese de la represión en Venezuela. El avance de este proceso debería conducir al fin de toda violación de derechos humanos, así como la liberación de los presos políticos. Para que haya una solución integral a la crisis en Venezuela, es especialmente necesario garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a garantías de la no repetición. Es incongruente con un momento de diálogo el promover políticas de restricción a los derechos civiles y mayores cierres del espacio cívico.
Igualmente, recordamos a las partes involucradas que deben comprometerse a una discusión exhaustiva sobre los otros puntos de la agenda del Memorando de Entendimiento firmado en agosto de 2021, tomando en cuenta las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos venezolanas y los mecanismos internacionales. Estas incluyen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021 para mejorar los futuros procesos electorales, así como las recomendaciones de los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU en relación con reformas judiciales y la importancia de avanzar en investigaciones imparciales sobre graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.
Instamos a las partes a que realmente asuman el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo y negociación que permitan mejorar las condiciones de vida de la población y el fortalecimiento democrático de las instituciones del país. Dado las experiencias anteriores de acercamiento, existe un amplio margen de duda en la población sobre la real voluntad política de los actores, especialmente el de las autoridades venezolanas. Este anuncio ocurre en un momento previo a un proceso electoral. Por eso, interpelamos a los representantes de ambos sectores para que las expectativas generadas no traten de canalizarse para alcanzar réditos electorales, debilitar al adversario o desestimular a la población en el ejercicio de su derecho a la participación.
Por último, destacamos que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos deben tener la oportunidad y derecho de introducir sus recomendaciones a lo largo del proceso de negociación si así lo desean. Por lo tanto, instamos a las partes a garantizar la participación de la sociedad civil venezolana a través de la creación de un mecanismo de consulta inclusivo y sustancial, que brinde oportunidades para tener incidencia en el texto final de cualquier acuerdo futuro. Dicho mecanismo debe ser independiente y garantizar que las voces interesadas de la sociedad civil se incluyan de forma segura. Un mecanismo de consulta debe evitar la superficialidad pidiendo aportes con suficiente tiempo y permitiendo aportes complejos y extensos, incluso de víctimas que deben estar protegidas de cualquier represalia.
Organizaciones firmantes:
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH-Perú)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Human Rights Watch (HRW)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
