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Washington, D.C.—El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela emitió un informe de 220 páginas sobre el sistema de justicia en Venezuela, documentando cómo las instituciones judiciales del país han sido cómplices en la amplia persecución y represión de supuestos oponentes políticos. El informe deja en claro que los jueces y fiscales en Venezuela han llevado a cabo detenciones ilegales y han incumplido con el debido proceso de manera sistemática, así como ignorado violaciones de derechos humanos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se une a la Misión de determinación de los hechos para instar a las autoridades venezolanas a implementar las recomendaciones de la Misión y tomar medidas significativas para garantizar la justicia para las víctimas y la restauración del debido proceso, así como la independencia judicial y fiscal. Como una organización comprometida con el avance de los derechos humanos en Venezuela, WOLA ha apoyado a la Misión desde su creación en 2019 y expresa su preocupación por la falta de cooperación por parte del gobierno. Es esencial que Venezuela se comprometa con la Misión y otorgue acceso a su personal para que puedan realizar su investigación de terreno en Venezuela.

Resulta claro que, como ha declarado WOLA, Venezuela carece de un sistema judicial imparcial, transparente, e incluso funcional. Por eso las autoridades deben actuar con urgencia para abordar los hechos determinados por la Misión, así como aquellos de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambos han dejado claro que existe una base razonable para concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos crímenes no pueden quedar impunes.

WOLA sigue comprometido con el avance de una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, y cree que las negociaciones en curso en México representan la mejor oportunidad para restaurar las instituciones democráticas y el Estado de derecho en el país. Se prevé que las partes discutirán sobre cuestiones complejas relacionadas con el sistema de justicia en su nuevo encuentro en Ciudad de México el 24 de septiembre. El informe de la Misión ofrece 45 recomendaciones de acciones concretas para revisar el poder judicial venezolano y restablecer su independencia. El debate debe comenzar con estas recomendaciones. Existe una necesidad urgente de veeduría y reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, así como las fuerzas de policía y de seguridad. La investigación pronta y la prosecución de los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en todos los niveles de la cadena de mando, es un paso importante en la restauración de la independencia judicial en el país. 

Mientras avanzan las negociaciones, WOLA exige que se incorporen las voces de las víctimas. Cuando los partidos negocian sobre los detalles de un mecanismo de consulta, es esencial que las víctimas y sus familias tengan un espacio determinado para que sus solicitudes y perspectivas sean escuchadas de una manera confidencial y segura, que las proteja de represalias. Su aporte debe estar organizado y sistematizado, porque cualquier solución duradera tendría que incorporar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la reforma. Debido a la falta de independencia judicial en Venezuela, WOLA insta a las partes a incluir un papel para la comunidad internacional, quizás a través de organismos internacionales como las Naciones Unidas, para salvaguardar y supervisar el proceso.