Washington, DC—Mientras la pandemia global de COVID-19 afecta los sistemas de salud en todo el mundo, su impacto en la población venezolana que ya está sufriendo podría ser devastador a menos que la comunidad internacional se movilice rápidamente en apoyo de soluciones significativas.
La falta de urgencia en las declaraciones de actores políticos en Washington y Caracas sobre el probable impacto de la pandemia en Venezuela es alarmante. Ya existe una escasez generalizada de equipos, suministros, medicamentos e incluso agua potable en los hospitales venezolanos. Tomando en cuenta que la pandemia está ejerciendo una presión inmensa sobre los sistemas de salud en el mundo desarrollado, se debe anticipar que las instituciones de salud casi colapsadas de Venezuela incapaces de satisfacer la necesidad de camas de hospital, respiradores y medicamentos necesarios. Esto tendrá consecuencias devastadoras dentro de una crisis que ya ha obligado a casi cinco millones de venezolanos a huir del país.
Quizás en reconocimiento de la gravedad de los hechos, el gobierno de Maduro ha decretado algunas de las medidas de cuarentena más estrictas de la región. Sin embargo, una población que ha sido condenada a la pobreza por años de corrupción y mala gestión económica, y cuya situación se ha visto agravada en los últimos años por las sanciones económicas, no está en una posición para adherirse a las medidas de distanciamiento social. Muchos venezolanos viven día a día de las ganancias en la economía informal y esperan en largas filas para obtener agua, gas para cocinar y alimentos.
Para evitar una catástrofe, está claro que el estado venezolano deberá ofrecer recursos significativos para mantener a los venezolanos en sus hogares e inyectar fondos sustanciales para reforzar el deteriorado sistema de salud pública. Hay varias opciones disponibles para lograr esto, incluyendo préstamos de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el uso de fondos en cuentas que han sido congeladas y reservadas para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el extranjero.
La asistencia internacional requerirá un acuerdo básico entre el gobierno de facto de Maduro y la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. Mientras que el primero mantiene el control territorial, el segundo tiene legitimidad democrática y acceso a apoyo financiero internacional. Aunque el gobierno estadounidense afirma apoyar una solución negociada a la crisis política, los venezolanos no pueden esperar una respuesta a la pandemia hasta después de una transición. Se necesita con urgencia un acuerdo humanitario negociado.
Las dudas sobre la prestación de asistencia internacional a un gobierno corrupto que ha utilizado la distribución de alimentos como una forma de control social están bien fundamentadas. Cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional elegida democráticamente y debería ser implementado con transparencia por autoridades confiables con experiencia en salud pública y seguridad alimentaria.
También instamos a la administración Trump a prestar atención a la recomendación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha manifestado que el alivio de las amplias sanciones económicas contra Venezuela “permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”. Las sanciones económicas no causó la crisis económica profunda del país, pero es innegable que la han agravado. Las sanciones financieras que comenzaron en agosto de 2017 no se aplican a las transacciones relacionadas con las importaciones de alimentos y medicamentos, pero tal como hemos advertido, estas exenciones no impiden una realidad de sobrecumplimiento. También impiden empresas conjuntas y acuerdos internacionales que podrían recuperar la red eléctrica de Venezuela. Además de esto, las sanciones petroleras de enero de 2019 han reducido los ingresos para pagar las importaciones en general. La administración Trump puede y debe considerar emitir una licencia general para autorizar las ventas de petróleo, y el gobierno de facto debe demostrar claramente que los ingresos de las ventas de petróleo se aplicarán a una respuesta humanitaria a la crisis de salud.
