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(Manaure Quintero/Getty Images)
La oposición venezolana avanza hacia la celebración de primarias para seleccionar un candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, a medida que los partidos buscan un candidato opositor unificado, siguen existiendo importantes interrogantes sobre cómo se celebrarán estas elecciones, quién puede participar y cómo se les puede dar un sentido de legitimidad.
En febrero, la Comisión Nacional para las Elecciones Primarias en Venezuela anunció que las primarias se celebrarán el 22 de octubre de 2023. Varios partidos de la oposición ya han nombrado a sus candidatos presidenciales para las primarias, entre ellos Carlos Prosperi por Acción Democrática, Andrés Velásquez por Causa Radical (más conocido como Causa Я), María Corina Machado por Vente Venezuela, Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano, César Pérez Vivas por Concertación Ciudadana, Henrique Capriles por Primero Justicia y Manuel Rosales por Un Nuevo Tiempo. Benjamín Rausseo, empresario y comediante, también se ha presentado como candidato independiente.
Voluntad Popular había confirmado inicialmente a Juan Guaidó como candidato para las elecciones primarias de octubre. Pero surgieron dudas acerca de su candidatura después de que llegara a Colombia «a pie» para intentar reunirse con delegaciones internacionales que asistieron a la reciente Cumbre de Bogotá sobre la crisis política en Venezuela, auspiciada por el Presidente Gustavo Petro el 25 de abril. Guaidó alega haber sido expulsado horas después por funcionarios colombianos por entrar de forma irregular en el país.
En una rueda de prensa emitida tras estos hechos, Voluntad Popular expresó que estaban evaluando todas las opciones para un candidato a las primarias, teniendo en cuenta la persecución que Guaidó y su familia enfrentan por parte del gobierno de Maduro. Pero el 5 de mayo, Voluntad Popular anunció finalmente que Freddy Superlano sería su candidato para las primarias, señalando la dificultad que tendría Guaidó para llevar una candidatura desde el extranjero y los riesgos que tiene sobre volver al país.
Aunque las elecciones de 2024 sean un paso crucial hacia la democracia en Venezuela, todavía existen preguntas sobre cómo garantizar su validez y transparencia. Grupos de la sociedad civil han pedido la observación internacional por parte de la Unión Europea o las Naciones Unidas entre otros, para proporcionar un nivel de escrutinio que pueda garantizar algún tipo de legitimidad para estas elecciones. La misión de observación de la UE en 2021 para las elecciones regionales y municipales en Venezuela proporcionó una lista de recomendaciones para mejorar las condiciones electorales. Aunque estas recomendaciones aún no se han abordado, siguen siendo una prioridad de cara a unas elecciones libres y justas en Venezuela. En la cumbre reciente en Bogotá, los representantes de 19 países y la Unión Europea coincidieron en la importancia de establecer un calendario electoral y aplicar las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021.
Tras el anuncio de las elecciones primarias, los grupos de la sociedad civil han estado trabajando para garantizar el derecho al voto. Tanto dentro como fuera del país, muchos ciudadanos no están inscritos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral. La ONG venezolana Voto Joven calcula que unos 3 millones de jóvenes venezolanos no están inscritos, debido en parte a obstáculos como la ley venezolana que obliga a los ciudadanos a inscribirse en las oficinas electorales regionales situadas en las capitales de cada uno de los 23 estados. Esto requiere tiempo y recursos que hacen que el proceso de registro sea inaccesible para muchos, especialmente los que viven en regiones rurales y fronterizas.
De los aproximadamente 7 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en el extranjero, se estima que entre 4 y 5 millones están habilitados para votar pero no están registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Muchos han emigrado a países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, el CNE aún no ha facilitado un proceso de registro para estos venezolanos en el exterior. La legislación aplicable en Venezuela exige que las personas tengan un estatus migratorio regular en el país de acogida para poder votar, lo que promete convertirse en otro obstáculo para el derecho al voto una vez que se abra el Registro Electoral en los consulados venezolanos en el exterior, si es que llega a abrirse.
El reto no es sólo cómo promover el registro ante el CNE, sino también cómo permitir a los ciudadanos ejercer su derecho al voto cuando muchos residen en países que no tienen relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que resulta en una falta de embajadas o consulados para facilitar el proceso de votación. Grupos de la sociedad civil y activistas venezolanos han pedido que se facilite la inscripción de los ciudadanos venezolanos en el Registro Electoral, además de condiciones que permitan a los venezolanos en el extranjero ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.
Asimismo, la reciente aprobación en primera discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ha generado preocupación. Esta propuesta de ley amenaza con criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, ya que las obligaría a solicitar autorización para su creación y capacidad para funcionar en el país, sometiéndolas a multas y cargos penales en el caso de que continúen operando sin previa autorización. Esto es particularmente preocupante durante un ciclo electoral, ya que compromete la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para supervisar las condiciones y las irregularidades electorales.
Este texto ha sido traducido desde el inglés por WOLA.
