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(Matias Delacroix/ Foto AP)
Mientras la crisis en Venezuela continúa, el Observatorio Venezolano de Conflicto Social (OVCS) ha sido una de las principales organizaciones que investigan y documentan las tendencias de las protestas desde 2011. Aunque la organización todavía está documentando los datos para 2022, el primer semestre del año (enero-junio) ha mostrado un aumento del 15% en las protestas en comparación con el mismo período del año pasado. Con un total de 3.892 protestas que han tenido lugar de enero a junio de 2022, con un promedio de 22 al día, estas cifras sugieren que los venezolanos siguen movilizándose para hacer valer sus derechos humanos.
El OVCS define una «protesta» como todas las acciones y movilizaciones ciudadanas en las que se exigen derechos humanos, amparadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ordenamiento Jurídico Internacional. Para que una acción sea incluida en la Base de Datos debe estar estrictamente vinculada a la exigencia o promoción de derechos humanos. El OVCS incluye acciones masivas e individuales, sin importar si se trata de una gran movilización o de una sola persona en huelga de hambre, siempre y cuando el propósito de la acción sea exigir derechos humanos. Sin embargo, el OVCS sólo incluye en su base de datos las acciones que se llevan a cabo de forma presencial, no las campañas realizadas de forma virtual a través de las redes sociales. El OVCS recopila sus datos a través de medios de comunicación nacionales y regionales, así como de fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales.
En el primer semestre de 2022, 2.856 protestas documentadas estaban relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, lo que representa el 73% del total de protestas documentadas. La principal preocupación dentro de esta categoría de protestas fueron los derechos laborales, con 1.642 protestas relacionadas con este tema. Sin embargo, otros temas destacados que motivan estas protestas son el colapso de los servicios sociales básicos y la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno, así como el estado de deterioro del sistema sanitario, con escaso material y equipo médico disponible para atender a la población. El 27% restante de estas protestas se caracterizó por preocupaciones relacionadas con los derechos civiles y políticos, ya que los ciudadanos se movilizaron para protestar por la persecución, criminalización y detención de defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios y miembros de la sociedad civil, así como por los retrasos en los procedimientos y las condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, aunque el número de protestas en el primer semestre de este año ha aumentado ligeramente con respecto al mismo periodo de tiempo de 2021, siguen siendo significativamente inferiores a los picos más altos de las protestas en 2017. Como año en el que el movimiento de protesta en Venezuela alcanzó nuevas cotas y ganó la atención internacional, 2017 alcanzó una cifra récord de 9.787 protestas que tuvieron lugar a lo largo del año. En comparación con lo documentado hasta ahora para 2022, las protestas de 2017 incluyeron una participación más diversa, especialmente en términos de estatus socioeconómico, y se centraron más en los derechos políticos; las mayores demandas fueron la apertura de un canal humanitario, la libertad de los presos políticos y un calendario electoral. También hubo una represión significativamente mayor de la protesta y la violencia documentada en 2017, cuando el gobierno de Maduro implementó una respuesta a las protestas que vio la represión sistemática por parte de la seguridad del Estado, los grupos armados progubernamentales y los individuos. Esta represión contribuyó a la violencia en las protestas de 2017, con acciones violentas documentadas por el OVCS en al menos 523 protestas. Hubo al menos 124 personas muertas, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos determinó que las fuerzas de seguridad (principalmente la Guardia Nacional) fueron presuntamente responsables de al menos 46 de estos asesinatos.
En el primer semestre de 2022, el OVCS informa que se ha documentado menos violencia y represión en el contexto de las protestas que en 2017. Si bien hubo represión documentada en 52 protestas en 14 estados, no se han registrado muertes. Sin embargo, según el OVCS, esta disminución de la conducta represiva por parte de las instituciones de seguridad del Estado y de los cuerpos de civiles armados puede deberse a las investigaciones, el seguimiento y la documentación que actualmente llevan a cabo los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela (FFM). Las organizaciones locales de la sociedad civil se refieren habitualmente a la FFM como un «muro de contención» que ha impedido que las condiciones en el país sean aún peores de lo que son, lo que ilustra la importancia de los continuos esfuerzos internacionales de rendición de cuentas en respuesta a la crisis de derechos humanos de Venezuela.
